Rumbo a la Conferencia Nacional del Trabajo

Por: P.A.

Los derechos laborales, nacen porque existe una relación antagónica entre el capital y el trabajo. Son consecuencia y  resultado de las conquistas que han logrado  los trabajadores a lo largo de la historia para garantizar su bienestar y calidad de  vida, frente al capital.

Mientras más fuerte, consciente y unitario el movimiento de los trabajadores, más sostenibles y vigentes son sus derechos. Cuando el movimiento baja la guardia, los derechos conquistados se pierden, los ingresos bajan, la jornada crece.

El régimen laboral juvenil es uno más de los  paquetes económicos promovidos por los grupos de mayor poder en el país (CONFIEP, SNI, asociaciones de exportadores, representantes del congreso y de los partidos políticos tradicionales). Viendo en conjunto este proceso, lo que se busca  en el fondo es abaratar  la fuerza de trabajo -fuente creadora de todo valor dentro de la producción- y con ello seguir ganando igual o al máximo posible, la riqueza que esta produce, en plena crisis económica que empieza a afectarle a nuestro país. 

Entonces, la defensa de los derechos laborales –a raíz de la aprobación del nuevo régimen laboral-, trasciende el grupo etario. Debe entenderse y conducirse el movimiento como una lucha de los trabajadores frente a la arremetida del gran capital.

Debemos comprender que la organización de los trabajadores permite expresar la fuerza colectiva del trabajador dentro de la empresa y con el Estado. Mientras más consciente de su posición dentro del proceso productivo, mejor es su posición en  la  negociación,  resistencia y conquista de sus derechos. Su acción por tanto no solo es de lucha económica sino fundamentalmente de lucha política.

fuente:La República

Urge articular y aglutinar las fuerzas de los trabajadores. Los cambios no llegarán solos. Hay que imponer una agenda de cambio frente a la agenda de la continuidad promovida por los grupos de poder y el Gobierno. 

En ese sentido  la marcha del 18 de diciembre en contra del régimen laboral juvenil debe ser entendida y conducida como una primera acción en un proceso de acumulación de fuerza de los trabajadores rumbo a la formación de una Conferencia Nacional del Trabajo, organizada y dirigida por los propios trabajadores, para lograr un trabajo decente en nuestro país 

La Conferencia Nacional del Trabajo tiene que reflejar claramente  su diferencia con  el trabajo actual. Esta debe constituirse en una bandera fundamental del cambio social. Entre las acciones que se deben defender y promover están:

• Fijar  el salario mínimo en función de la canasta básica.
• Promover acuerdos de mediano plazo para que las empresas convengan con los trabajadores en mejoras salariales.
• Fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones. 
• Aprobar la Ley General del Trabajo (paralizado en el congreso).
• Fomentar y proteger la libertad sindical, la negociación colectiva y el respeto a su autonomía.
• Eliminar el uso de los “services” en el sector público. 
• Establecer mecanismos que impidan los abusos laborales.
• Eliminar el despido arbitrario.
• Prohibir el uso indebido de los contratos temporales. 
• Eliminar los regímenes laborales del sector agrario, de las exportaciones no tradicionales y de las Mype.

¿El régimen laboral juvenil enfrenta la informalidad, el desempleo y la desaceleración?

Cuatro argumentos económicos contra 
el régimen laboral juvenil

Por: Omar Cavero

Ha crecido mucho la oposición al régimen laboral juvenil (Ley 30288). Como es sabido, se trata de un régimen especial para jóvenes que ha planteado el Ejecutivo en el marco de un conjunto mayor de medidas de reactivación económica.

El régimen es voluntario y aplica para jóvenes de entre 18 y 24 años que entren por primera vez a planilla o que estén desocupados (por lo menos 90 días fuera de planilla). Quienes adopten este régimen tendrán solo 15 días de vacaciones al año, no tendrán Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ni gratificaciones, y deberán ser contratados por un plazo mínimo de 1 año por el empleador.

Asimismo, a modo de incentivo, quienes adopten el régimen podrán deducir un porcentaje de Impuesto a la Renta en capacitaciones (máximo 2% del equivalente de la planilla) y en el caso de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) “el Estado asumirá el costo correspondiente al primer año de cotización del seguro social de los jóvenes que ingresen por primera vez a planilla electrónica” (Art. 21).

Los argumentos del Ejecutivo

Son tres los argumentos centrales del Ejecutivo para impulsar esta medida, que se pueden distinguir del propio proyecto de ley y sus participaciones públicas.

El primero es que se incentivará el empleo formal entre jóvenes, pues se considera que la informalidad es un problema de sobrecostos laborales y al rebajarlos aumentará la formalidad.

El segundo es que los jóvenes, al ser la población con mayor desempleo, se verían beneficiados pues habría más puestos de empleo para ellos, dados los incentivos ofrecidos al empleador.

El tercero es que se reactivará la economía a partir de aumentar la formalidad y el ingreso de los jóvenes a la fuerza de trabajo ocupada.

Los argumentos son de corte económico. Eso no es casualidad, pues es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quien ha elaborado la norma y ésta se plantea desde el problema de la reactivación económica.

Fuente:Diario La Primera Perú

Por ello mi impresión es que, aun siendo absolutamente válidos los argumentos jurídicos -que con justeza apuntan al carácter inconstitucional de la norma (discrimina a los jóvenes) y al carácter lesivo a los derechos laborales-, han sido pocos los argumentos dados desde un razonamiento económico para refutar esta ley.

Por tal motivo sugiero tres argumentos para enfrentar este debate. Como se verá, el trasfondo excede al problema juvenil y apunta a una visión de la economía centrada exclusivamente en el punto de vista del empresariado. Son tres argumentos que no pretenden ser todos los posibles. Los dejo sobre la mesa como aporte a la lucha por la derogatoria de esta ley.

1. ¿Se enfrentará la informalidad haciendo más baratos a los trabajadores?

El problema de la informalidad no radica en la existencia de sobrecostos laborales, sino en la escasa demanda de empleo y sus desencuentros cuantitativos y cualitativos con la oferta de trabajo. Mucha gente para pocos puestos y requerimientos de perfiles que no tenemos.

Desde inicios de los noventa los derechos laborales se han venido perdiendo so pretexto de flexibilizar el mercado de trabajo; no obstante, hoy, casi veinticinco años después y tras más de una década de crecimiento constante (desde el 2001, sobre todo), la informalidad laboral es de 74.3% (INEI, 2014)[1]. En los noventa (1997), ésta bordeaba el 77% (Morales y otros, 2010)[2]. No hay evidencia, entonces, de que esa estrategia funcione.

El problema no es de falta de incentivos a la formalización; y aun si lo fuera, la formalización no se reduce al costo laboral, que ya es bajo. El problema es estructural. En el Perú de hoy 48 de cada 100 jefes de hogar son trabajadores independientes (ENAHO, 2013), es decir, que se inventan su empleo; 97% de las empresas son de menos de 11 trabajadores (Mypes), emplean al 76.1% de los ocupados y tienen un corto tiempo de vida; y menos de la mitad de los trabajadores es asalariado.

A ello se suma que los sectores que más ganan (minería, hidrocarburos, finanzas, electricidad y agua) son los que menos emplean (2.5% de la PEA) y que aun donde el empleo es formal –dada la flexibilidad laboral- existe también precariedad laboral: poca estabilidad (72% de asalariados privados tienen contratos a plazo fijo) e ingresos reales bajos (un obrero en Lima hoy tiene un salario real 203.8% menor al que tenía en 1980).

Si se quiere formalizar, las medidas deben ir dirigidas a promover la asociación de Mypes, a dar facilidades crediticias a estas empresas, a capacitar a los trabajadores, a desarrollar incentivos para que se desarrollen sectores más empleadores, como agro y manufactura, etc. Es mentira que se logrará formalidad con trabajadores (más) baratos y sin derechos, y persistiendo en un patrón de crecimiento como el que tenemos.

2. ¿Deberíamos esperar que este régimen tenga algún efecto en la reactivación?

Se busca reactivar la economía promoviendo la inversión privada, pero no se plantea qué tipo de inversión privada se quiere promover. Es necesario que toda política pública tenga claro a quiénes van dirigidas las estructuras de incentivos que diseña y qué se quiere lograr con las medidas tomadas. Incentivar la inversión a secas es fortalecer a quienes ya priman y que en más de dos décadas no han generado empleo de calidad ni verdadero bienestar.

Si lo vemos en términos sencillos, enfrentar la desaceleración requiere que se aumenten la producción y el consumo. Al golpear los derechos de los trabajadores jóvenes no se tendrá ese efecto. Al no ser la informalidad un problema de trabajadores caros, disminuir sus derechos solo tendrá como efecto aumentar el nivel de ganancia neta de las empresas que adopten el régimen laboral juvenil.

No hará que los trabajadores sean más productivos y no aumentará el consumo en la población. Es así pues, en primer lugar, la productividad no radica en el costo de la fuerza de trabajo sino en la producción; y, en segundo lugar, porque un régimen más flexible, sin vacaciones completas, gratificaciones, ni CTS, no tendría por qué tener un impacto positivo en el consumo, sino todo lo contrario.

3. ¿Deberíamos esperar que se genere empleo formal nuevo?

No tiene por qué esperarse que el régimen laboral juvenil tenga un efecto relevante en generar empleo nuevo entre los jóvenes y en formalizar el empleo entre aquellos hoy informales.

En primer lugar, difícilmente se desarrollarán nuevas inversiones producto de este régimen.

En segundo lugar, es muy probable que el nuevo régimen afecte sobre todo a los trabajadores que ya se desempeñan en la formalidad y a aquellos que están por ingresar al mercado de trabajo.

También es de esperar que el régimen incentive el reemplazo de trabajadores de mayor edad por trabajadores jóvenes, e incluso que se desarrolle un fenómeno de recontratación bajo el nuevo régimen, aún a pesar del candado que pone la ley, pues existen grandes limitaciones en la fiscalización laboral.

4. ¿Es esa la forma de apoyar a uno de los sectores más vulnerables del mercado de trabajo?

Los jóvenes son uno de los sectores más vulnerables en el mercado de trabajo. El grueso de la evidencia económica sostiene esta afirmación. Son quienes tienen las tasas más altas de desempleo, la menor estabilidad y los ingresos reales más bajos. Si el gobierno busca ayudar a este sector de los trabajadores no lo logrará aumentando esa vulnerabilidad al promover un régimen en el que los jóvenes ingresarán al mercado laboral con derechos aún más recortados que los demás trabajadores, que ya han visto en las últimas dos décadas recortes radicales de sus derechos.

Conclusión

Queda claro que no se busca reactivar la economía para que ésta repercuta en desarrollo y bienestar para los peruanos. Lo que se busca es aprovechar la desaceleración del PBI para imponer la agenda de las grandes empresas de la forma más radical. Los paquetes de reactivación han sido pensados exclusivamente desde esos intereses: mayor permisividad ambiental, mayores beneficios tributarios y menores derechos laborales.

El mensaje de fondo de estos paquetes es que persistiendo en fortalecer un modelo económico desigualador, dependiente de precios internacionales y generador de conflictividad social, se podrán superar los problemas que ese modelo genera. ¿La forma de anticiparnos a una crisis es acaso persistiendo en los defectos que la generan?, ¿uno se curará de una infección intoxicándose más? No nos dejemos engañar.

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[1] Cuenta Satélite del Sector Informal, elaborada por el INEI, 2014. El INEI utiliza como año base el 2007 y encuentra que el 2012 el 85% de las unidades productivas del área urbana son informales y el empleo informal en el país es de 74.3%. El sector informal fue definido como “el conjunto de unidades que producen bienes y servicios en pequeña escala, no llevan contabilidad, sus gastos productivos no se distinguen de sus gastos familiares, tienen una organización rudimentaria y no están registradas en la administración tributaria”. El empleo informal, a su vez, es definido como “aquellos trabajadores que no gozan de protección social, pre aviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas, licencias pagadas por enfermedad, no cuentan con pensión de jubilación”.

[2] Morales, R., Rodríguez, J., Higa, M. y Montes, R. (2010). Transiciones laborales, reformas estructurales y vulnerabilidad laboral en el Perú (1998-2008). Documento de Economía N°281. Lima: Departamento de Economía, PUCP.

Se realizó con éxito la primera ronda de discusión e investigación de Emancipación

Dentro de la visión que funda la escuela se encuentra un componente de investigación. La elaboración de un pensamiento crítico es necesariamente una labor creativa. En esa línea, hemos desarrollado un plan de investigaciones y discusiones que inició el pasado sábado 13 de diciembre con una primera ronda de trabajo.

La discusión se desarrolló en torno a la siguiente pregunta: "¿Cuáles son las características de la estructura económica peruana y su dinámica en los últimos 25 años? Producción, trabajo y acumulación de capital". Esta pregunta se sitúa en una de nuestras líneas de investigación: "caracterizar la dominación vigente y su movimiento".

Tuvimos el privilegio de contar con las exposiciones del sociólogo Guillermo Rochabrún y del economista Julio Gamero, y con los comentarios de Edmundo Murrugarra y Levy del Águila. Les quedamos muy agradecidos. También expusieron los compañeros de la escuela Omar Cavero y Luis Rodríguez, y contamos con los aportes de diversos miembros de Emancipación que intervinieron en la discusión.

Rochabrún abordó los cambios y continuidades de la sociedad peruana en los últimos cincuenta años, con énfasis en los elementos estables que caracterizan al Perú desde los noventa. Al parecer el “péndulo peruano”, al que aludía Gonzáles de Olarte al referirse al siglo veinte, donde habría oscilaciones permanentes entre ortodoxia y heterodoxia económicas, se habría detenido en el primer extremo desde hace veinticinco años.

Gamero nos mostró datos valiosos sobre la situación actual de los trabajadores y se preguntó sobre las características y los alcances de las relaciones capitalistas de trabajo en el Perú actual, en un escenario de bajo ingreso real, alta informalidad y bajo asalaramiento.

Cavero presentó una propuesta teórica para definir el concepto de dominación social, entendido como la institucionalización de una estructura de poder, un fenómeno multi-dimensional que atraviesa los aspectos material y simbólico de la existencia social y que exige superar las divisiones -y encontrar puentes- entre los análisis económico, político y cultural.

Rodríguez abordó la situación actual de la izquierda peruana en el marco de la dominación vigente: poca capacidad de crítica y propuesta, y la predominancia de una perspectiva liberal, fragmentaria y con trazos posmodernos dentro de sus filas. En reuniones posteriores abordaremos de lleno esta problemática.

Los resultados de esta discusión son un aporte importante para la agenda de investigación de la Escuela. Pronto compartiremos en una edición escrita los resultados de esta primera ronda. Todo apoyo que aporte a construir diagnóstico y propuesta desde una perspectiva crítica y rigurosa, es bienvenido.

¿Por dónde empezar a renovar el discurso de la izquierda? Escarbar los márgenes, atreverse a pensar el Perú

Yaku Fernández*

La victoria de Fuerza Social (2010) y de GANA PERU (2011), para la Municipalidad de Lima y la Presidencia nacional, respectivamente, no han significado un ascenso político de las fuerzas de izquierda en el Perú. El porqué de esto necesita ser evaluado si no queremos volver a cometer los mismos errores. No podríamos estar más de acuerdo con la afirmación del historiador y sociólogo Nelson Manrique en que más que izquierda lo que existe propiamente en el Perú son izquierdistas.

¿Cómo pasar de individuos con cierta opinión a erigir un proyecto de cambio y con capacidad política real? Esta es la pregunta central que todo izquierdista debe hacerse y que se intenta responder desde distintas iniciativas.

El economista Félix Jiménez, por ejemplo, en sucesivos artículos publicados en el diario La Primera[1], se ha propuesto atacar el problema de la identidad política de la izquierda desde su propuesta de la Utopía Republicana. Evaluemos, a partir de esta propuesta, cómo deberíamos abordar la problemática planteada.

Una crítica a la Utopía Republicana de Félix Jiménez

Jiménez parte del hecho de la crisis de las ideologías a fines del siglo pasado. Cuando cae el bloque soviético y con él la opción económica de talante estatista, el pensamiento neoliberal tiene terreno libre para expandirse.

Pero esta expansión no se da libre de controversia. Con el tiempo el neoliberalismo va perdiendo prestigio. De este modo, los conceptos de democracia, Estado, mercado y libertad pierden su significado. En el Perú, la crisis de ideologías se ha expresado en la pérdida de identidad por parte de la izquierda, la cual ha asumido en la práctica las mismas definiciones conceptuales del neoliberalismo. Jiménez se propone rescatar elementos del pensamiento republicanista para generar una nueva identidad en la izquierda nacional.

Sin embargo, la pérdida de identidad de la izquierda no puede observarse únicamente en relación al pensamiento hegemónico para contraponerle una tradición opuesta; el procedimiento no debería ser tan mecánico ni simple.

¿Se puede incluir en un proyecto político nacional una concepción perteneciente a la tradición académica foránea sin previamente tener una visión acerca de la realidad peruana, que justifique su aplicación? Creemos que una renovación de la izquierda pasa necesariamente por plantearse una lectura de la realidad nacional como resultado de diversas reflexiones acerca de nuestro proceso histórico particular.

Ser auténticos, vencer la fobia a vernos en el espejo

Con la lectura de la realidad nacional como punto de partida podemos concebir mejor un proyecto de país, donde se incluya el rol y la naturaleza del estado, el mercado y la sociedad civil, así como plantear en un nuevo nivel el debate sobre el sistema político deseado. En pocas palabras la sistematización de un nuevo discurso debe tener una dirección, en términos dialécticos, de lo concreto a lo abstracto, no de lo abstracto a lo más abstracto.

Y es que entre los peruanos existe cierta fobia a verse en el espejo. Ya sea abrazando una identidad aséptica y básicamente comercial u ocultando ciertos rasgos para adoptar aquellos que emanan del norte hegemónico. Desde todos lados se niega y se reniega.

Esta fobia se traduce, dentro de aquellos que se dedican al estudio del país, en la falta de atrevimiento para adentrarse a comprender el proceso de formación social peruano. En la academia no faltan quienes buscan aplicar forzosamente conceptos foráneos a un debate que no tiene las características del contexto en el que surgieron.

A falta de ideas propias o como consecuencia de un adormecimiento del pensamiento crítico y creativo, se prefiere mirar hacia afuera y hacer abstracción del entorno inmediato, del proceso pasado y actual, de los conflictos y traumas que persisten. Existe hoy en día una pereza para idear.

Hacia una visión del Perú realmente existente

Se ignoran aquellos rasgos esenciales de nuestra realidad como, por ejemplo, el hecho de que nuestra sociedad es una sociedad fracturada desde su origen. Esto último lo sabemos y aceptamos todos, pero de lo que se trata es de asimilarlo, asumirlo como una conflictividad que nos define. El Perú realmente existente se ha erigido sobre la violencia, y este hecho es un tema tabú, duele tocarlo, nos coloca a la ofensiva.

El proyecto impulsado, entre otros, por Flores Galindo, que consiste en encontrar en la historia aquellos elementos que de manera persistente prefiguran la presencia de utopías, nacidas y promovidas por los sectores subalternos, y que brindan la materia prima para generar un proyecto de transformación es una muestra de esfuerzos deliberados por repensar el país. Otra iniciativa se encuentra en el enfoque de los denominados “libios”, con Carlos Iván Degregori a la cabeza.

Es desde este tipo de proyectos donde podemos rescatar una renovación del discurso de la izquierda, pues aquí se encuentra la complementación entre el campo político (el programa y la propuesta de la izquierda partidaria) y el campo social (la tradición, la propuesta y la lucha histórica de las bases), pues entendemos que el concepto de izquierda es indesligable de los procesos sociales.

La propuesta de la utopía republicana agrava el problema de la desconexión entre la política partidaria y el movimiento social o, en otros términos, la desconexión entre teoría y práctica; y nos distrae al llevar el debate hacia un problema académico de definiciones y significados (destinado a un público minúsculo, ilustrado).

Por una izquierda con una visión de país construida desde la lucha social

Se debe atacar el problema de fondo: la ausencia crítica de una interpretación y una visión nacionales. El verdadero reto en la izquierda a nivel de las ideas es generar un discurso propio sobre el Perú, entender el Perú como totalidad.

Podemos tener una definición académicamente impecable de un ideario de nueva izquierda pero si no tenemos una visión del país, entonces estamos hablando de formas sin pensar en el contenido.

Lo mismo sucede con tener un buen programa pero no concebir una estrategia viable que vislumbre su realización. Y más aún, si sólo se tiene como única vía de acción política la lucha electoral, sin una base social real que haga contrapeso y embandere la opción de cambio entonces estamos haciendo meras agitaciones intelectuales.

La iniciativa por generar un nuevo discurso desde la izquierda encuentra una profunda brecha generacional en su seno. El establecimiento de un nuevo discurso se dará no en cuanto se expongan diferentes ideas y teorizaciones, sino y fundamentalmente en cuanto se las pongan en práctica.

Esto último solo será viable si las ideas propuestas son también la puesta en marcha de una acción política y no solo la precisión de un marco teórico normativo (un deber ser) en el que se asumen dados o se abstraen los aspectos positivos (el ser).

Se trata de innovar en perspectivas y articular una nueva forma de pensar el país junto y del lado de los procesos sociales. No se trata de imponer visiones, sino de sacar a la superficie los cambios, continuidades, conflictos y fracturas para construir un proyecto político emancipatorio. He aquí un reto generacional.

Fuente de la imagen: http://tierraylibertad-lima.blogspot.com/2013/07/de-espaldas-la-calle.html

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^{*
Yaku Fernández es militante de Izquierda Universitaria. Esta es una versión reducida del artículo del mismo nombre publicado aquí: http://bit.ly/1tagOjJ.
[1]} Los artículos en cuestión son cuatro y aparecieron los sábados del 22 de febrero al 15 de marzo. Pueden ser consultados desde el blog personal de Félix Jiménez http://felixjimenez.blogspot.com/ .

Inició el juicio frente a hechos de la Curva del diablo: ¿Quiénes son los responsables?

  Por: Omar Cavero 

15/05/14

El conflicto que desembocó en ese fatídico 5 de junio del año 2009, que generó 33 muertos y más de 200 heridos, denominado “Baguazo”, está lejos de haber terminado. Se derogaron los principales decretos legislativos que generaron la protesta indígena que abarcó dos años y paros de varios meses, pero lo que ha seguido es la persecución política y judicial.

El día de ayer, 14 de mayo, comenzó el juicio del proceso que busca determinar responsables sobre los hechos de La Curva del diablo[1], donde hubo un enfrentamiento abierto entre indígenas y policías. Todos recordamos las dolorosas imágenes de decenas de muertos, rodeados por la desesperación indignada de los suyos. ¿Quiénes son los responsables?

Los principales acusados por la Fiscalía como autores de esos hechos, son indígenas. La intención aparente es echar la culpa de los hechos a los dirigentes amazónicos. Entre los acusados están dirigentes como Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, y Santiago Manuim, dirigente Awajún.

El primero no estuvo en el lugar de los hechos y el segundo fue baleado en el primer enfrentamiento al lado de la carretera -precisamente al tratar de evitar que se diera un choque con la policía, como lo reconocen la mayoría de informes de investigación sobre los hechos. Cuando se dieron los sucesos de la Curva…, Manuim se encontraba valiéndose entre la vida y la muerte. Se pide para él, sin embargo, cadena perpetua.

Por supuesto, es necesario que se identifique a los responsables, tanto de las acciones de violencia generadas por la policía como de parte de manifestantes indígenas; y también los hallados culpables deben recibir las condenas que correspondan. Pero hacer justicia implica investigar con rigurosidad y buscar a los verdaderos culpables. Y eso no es lo que está sucediendo.

No seamos parte de la farsa de querer encarcelar a personas inocentes solo por la presión de tener gente tras las rejas. Eso no es, ni por asomo, justicia. Eso no nos reconciliará entre peruanos ni será una solución al conflicto.

¿Qué será justicia, entonces? Que se procese a todos los implicados. ¿Qué será superar el conflicto? Que se superen las causas de fondo que lo generaron.  

Al respecto solo recordemos tres cosas, de forma muy breve.

1.       Las protestas buscaban derogar decretos legislativos emitidos por Alan García. ¿Con qué intención se emitieron?

Las protestas indígenas buscaban derogar los decretos legislativos emitidos por Alan García el año 2007 con el fin evidente de recortar los derechos territoriales indígenas y facilitar el ingreso de inversiones privadas a la Amazonía.

Estos decretos fueron parte del paquete de normas que emitió el gobierno con las facultades que le otorgó el Congreso para legislar en torno a la implementación del Tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU. Ese era el fondo del asunto: cómo facilitar el acceso de inversiones privadas a los recursos de la Amazonía, sobre todo madereros, petroleros y mineros.

No olvidemos la visión del ex presidente: la Amazonía estaría llena de recursos que los Perros del hortelano no permiten explotar.

2.       El enfrentamiento se pudo evitar, pero no se hizo

El enfrentamiento podía haberse evitado, pues los manifestantes informaron que se retirarían el 5 de junio en la mañana, aunque no sabían del desalojo ya decidido en las altas esferas del gobierno. El informe final de la investigación de Jesús Manacés y Carmen Gómez, y el de la comisión presidida por Guido Lombardi, así lo demuestran.

El interés del gobierno fue sacarlos de ahí a la fuerza. Eso es claro. A pocos días de los hechos la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, cambió a los mandos policiales en la zona -retiró al Gral. que había hecho de mediador con los manifestantes- y autorizó un desalojo en el que se envió a la DINOES con armamento de guerra: querían expulsarlos ejemplarmente a balazos.

No se agotaron las vías de diálogo. No hubo intención en hacerlo.

3.       Indígenas y policías fueron víctimas del gobierno aprista y de una política en la que la primera y sagrada prioridad es atraer inversiones privadas

Tanto policías como indígenas son víctimas del gobierno aprista y de la continuación de una política económica que tiene como prioridad la atracción de inversiones, las que se quieren imponer incluso a sangre y fuego. Esa política es el neoliberalismo, y la tenemos instalada desde 1990.

Los muertos por conflictos socio-ambientales dan fe de esa política. Los pueblos indígenas no protestaron para imponerle nada a nadie. Ir y tomar una carretera por varios meses no es un pasatiempo.

Ellos resistían más bien a una imposición, pues no se les consultó, por más que el Convenio 169 de la OIT así lo establece -y lo ha suscrito el Perú hace décadas. Todo indígena sabe muy bien que sin territorio su pueblo desaparece. Dicho de otro modo: no hay vida sin acceso a los recursos del territorio, y no puede haber identidad étnica si no hay un pueblo que la reproduzca. Quite usted el sustento material de un pueblo y lo extinguirá.

Quienes deberían estar sentados en el banquillo de los acusados son Alan García, Mercedes Cabanillas, Mercedes Araoz (ex ministra de Comercio exterior y turismo, que mintió al decir, amenazante, que si se derogaban los decretos quedaría sin efecto el TLC con EE.UU.), Yehude Simon (ex primer ministro) y los responsables policiales que dirigieron el operativo policial.

Y lo que no deberíamos permitir más como país, es que los gobiernos tengan como prioridad principal atraer inversiones a costa de todo, incluso de la vida de los peruanos. No debemos permitir que por encima del derecho a la vida y al territorio, prime el afán de lucro privado de unos cuantos empresarios y accionistas.

Para terminar, démosle la palabra al propio Santiago Manuim:

El gobierno de aquel tiempo nos enfrentó, uno que cumplían una orden de su alto mando y los indígenas que defendían su derecho, su identidad, su cultura, su propio desarrollo, su bosque, sus ríos, su cosmos y su territorio. El paro fue pacífico, hasta ese día fatídico del 5 de junio, nuestra protesta fue para que se derogue ese decreto que nos afectaba, además el gobierno no consultó con nosotros los indígenas. El convenio 169 de la OIT, exige que se consulte siempre que se quiera hacer algo dentro del territorio indígena.

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[1] Km. 201 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, Amazonas.